La trata de personas

Un tema que ha dejado de ser tabú para meterse dentro de la problemática social involucrando a todos los ciudadanos
 

Por Rodrigo Almada y Alejo Buchet

Para encontrar el origen del término “trata de blanca” hay que remontarse al tiempo de la esclavitud, cuando estaba permitida la compra de chicas de raza negra para que estén al servicio de una persona que, justamente, tenía control total sobre ellas. Por entonces, lo prohibido era la compra de mujeres de raza blanca. Con el tiempo, la comercialización de mujeres se convirtió en un tema tabú.

 Sin embargo, desde ya hace algún tiempo, la trata de personas dejó de silenciarse, derribando la idea de que solamente sucedía en el ámbito de algunos países y en sectores muy específicos de dichos lugares. Hoy en día este tipo de casos van creciendo año tras año y son miles las mujeres y hombres (en menor medida) que son víctimas. Desde muchos lugares se intenta frenar la ola de estos casos, pero muchas veces estos son tapados por las fuerzas de seguridad que hay en las distintas ciudades. La pregunta es: ¿la policía tiene influencia en estos casos o sólo hace la vista gorda y los deja pasar? 

 Desde la ONG Indeso Mujer, Susana Moncalvillo dijo sobre el tema de la policía: “Aunque uno no lo piense, los hechos demuestran que están involucrados. Ya sea un ex policía o alguien que tenían cerca”. Además opinó que si ésta accionara contra las bandas que están detrás de estos casos, se avanzaría aún más en el tema. Por su parte, Carla Cerliani, directora del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), comentó: “En todos los casos hay un policía dando vueltas, como cliente o como al que le pagaban para tener el lugar abierto”.

 Cuando se habla de esos “lugares abiertos”, se hace referencia a los prostíbulos. La prostitución está directamente conectada con la trata de personas, ya que las mujeres raptadas luego son obligadas a vender su cuerpo por dinero, el cual después tendrán que dárselo a su proxeneta. “No tienen ni la libertad de irse ni nada, porque les sacan los documentos, les generan deudas como para que no se puedan ir”, reveló Moncalvillo, y remató al decir que era un problema “muy serio”.

 Pero en este ámbito también surge otra problemática, ya que a partir del conocido caso de Marita Verón, y a partir de la lucha de su madre, Susana Trimarco, por cerrar todos los prostíbulos que hay en el país, se intenta acabar con el negocio de estas personas. Una situación con la que no concuerdan desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), una organización que lucha porque se reconozca la labor de las meretrices en Argentina, y desde donde plantean que con esto se los “mete a todos en la misma bolsa”. 

 Por otro lado, la concejala María Eugenia Schmuck, que lucha desde hace años contra este tipo de delitos, señaló: “Hay que avanzar con el cierre de cabarets y whiskerías para no seguir tolerando algo que todos repudiamos, sabemos dónde y cómo está”.

 Moncalvillo también hizo referencia a esto y planteó que los prostíbulos estaban prohibidos, pero que los había, y dejó un manto de duda: “Si yo, ciudadana común, sé que existen, ¿la policía no lo sabe?”. Sobre esto último desde Ammar dijeron que querían hacer que el lugar fuera una cooperativa para que las chicas pudieran trabajar tranquilamente, pero que la policía no las dejaba ya que si no les pagaban la coima, estos le cerrarían el lugar una y otra vez.

 Lo que también es importante es el tema de cómo llegan a ser raptadas las víctimas. Susana Trimarco, en una conferencia dada en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) dijo: “Permanentemente tenemos una industria del intento de secuestro de chicas que van a la facultad, al secundario en nuestro país”.

 Sobre esto Moncalvillo amplió: “Hemos encontrado a chicas de 28 años con un bebé que lo dejan al cuidado de alguien de la familia, porque le ofrecieron un trabajo para cuidar chicos, o de empleada doméstica, pero cuando llegan acá las agarran y las meten en la prostitución”. Y amplió al decir que en general la persona que ofrecía el engaño era alguien a la cual se le tenía algo de confianza, “alguien a quien se le cree”.

 Mientras que desde el lugar donde les llegan las denuncias, el CAJ, Cerliani confesó que muchas veces las víctimas tenían que ser trasladadas a otros lugares, como casas especiales para el cuidado de ellas, ya que en ocasiones no podían seguir viviendo en sus hogares por seguridad, o cuando los familiares estaban involucrados en la captación o el delito.

 

La ley contra la trata de personas

 Desde hace ya cuatro años, se creó y aceptó la ley contra la trata de personas. Hablando propiamente, la ley 26.364 de “Prevención y sanción a la trata de personas y asistencia a sus víctimas”, fue sancionada el 9 de Abril de 2008, y promulgada veinte días más tarde. Ya en su artículo 1º, dice: “La presente ley tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas”.

 Es por esto que desde hace cuatro años, en el CAJ realizan las siguientes medidas: “Desde acá hacemos la asistencia a las víctimas de delitos. La cual es integral con psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Y la particularidad es que en esta oficina éste último puede constituirse como querellante en las causas penales en representación de los intereses de la víctima”. Y también comentó Cerliani que se asisten a los padres de las mujeres o niñas que están desaparecidas, ya sea la asistencia para observar cómo van las causas o acompañando en distintos actos provinciales incorporando información. Con respecto a la prevención, Moncalvillo indicó que realizan charlas en distintos lugares.

 

Números de la trata

 Los datos indican que el negocio de la trata de personas manejó el último año una cifra de 98 mil millones de dólares en todo el mundo, y de esta manera ubicándose como el segundo delito que más dinero maneja a nivel mundial detrás del narcotráfico.

 Según María Eugenia Schmuck, en los últimos cuatro años el número de víctimas de trata de personas rescatadas en el país fue de 3100, 1651 extranjeras y las restantes argentinas, y declaró: “En Rosario y nuestra provincia son numerosas las denuncias”.

 Ante esto Cerliani recogió el guante y explicó: “Nosotros tenemos un registro, pero la ley que habla de la trata es del año 2008, por lo cual antes se tomaban a estas personas pero se las catalogaba con otros tipos de delitos”. Además confesó que las estadísticas que ellos tenían y las que estaban pidiendo tanto del poder judicial, federal y provincial, eran sólo sobre los casos que lograban ser judicializados, y que seguramente no tenían nada que ver con la realidad.

 “Hay muchos casos en el norte de la provincia”, declaró la directora del CAJ, y resaltó: “No es que acá en Rosario no haya casos, sino es que la mayoría quedan en la etapa procesal inicial, es decir en la denuncia, y luego eso se archiva y queda en la nada”. Y remarcó que no se llamaba a nadie a indagar, y tampoco se procesaba a ninguno de los sujetos que estaban imputados.

 “Hay más de 35 casos de los cuales algunos son delitos de trata propiamente dichos, y los demás son crímenes conexos a este, igual de éstos últimos hay muchos más”, confesó Cerliani.

 Sobre esos casos que muchas veces quedaban en la nada, Schmuck pidió un mayor compromiso por parte de los funcionarios (judiciales, legislativos y judiciales) para poder erradicar de una vez por todas las redes que hay detrás de estos casos. Por su parte, Cerliani defendió a los funcionarios: “Creo que los operadores del poder judicial federal estaban acostumbrados a investigar diferentes delitos. No como estos que necesitan de otro tipo de investigación como ya sean el consumo de drogas, o tenencia, o delitos contra la administración pública”. Y agregó que al ser un delito federal, se necesitaba de la intervención de la gendarmería, la cual no poseía “muchas unidades especializadas para investigar esto”.

 Lo que queda claro es que la mayoría se puso de acuerdo en el tema de prevenir desde todos los lugares posibles. Ya sea desde los medios de comunicación como, fundamentalmente, desde los sectores públicos por parte de los políticos.